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El Derecho del comercio electrónico

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Las nuevas tecnologías de la información (TIC) han impactado en la sociedad actual de forma tan vertiginosa que no sólo ha cambiado la forma de interactuar de las personas, sino que también han supuesto una revolución en el sector empresarial en el que está adquiriendo una vital trascendencia el COMERCIO ELECTRÓNICO, definido como cualquier forma de transacción comercial en que las partes interactúan electrónicamente, en lugar de intercambio o contacto físico directo (de persona a persona), los productos comercializados pueden ser productos físicos, o bien, servicios como noticias, sonido, imagen, software, base de datos, etc.

“Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) atestiguan que la necesidad de estar conectado a la Red está cada vez más extendida. Las transacciones online alcanzaron un volumen total de facturación de 3.432 millones de euros durante el cuarto trimestre de 2013, un 29,2% más que en el mismo periodo del año anterior. En el conjunto de 2013, se ingresaron 12.731 millones de euros, lo que supone un aumento del 21,8% respecto al año anterior, según el último Informe sobre el comercio electrónico a través de entidades de medios de pago difundido recientemente por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC)”.

El marco legal de este tipo de operaciones se regula porla Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que en su artículo 23 sobre la Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica establece que:

“Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial”.

A nivel Europeo existe la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico»), se aplica especialmente a los prestadores de servicios  establecidos en la Unión Europea, pretende la creación de un nuevo marco jurídico a escala europea y evitar un exceso de reglamentación y disparidades jurisprudenciales de los Estados miembros creando una esfera de comercio segura para los consumidores y empresas participantes.

Se aplica, fundamentalmente, en los sectores y actividades siguientes: periódicos en línea, bases de datos en línea, servicios financieros en línea, servicios profesionales en línea (abogados, médicos, contables, agentes inmobiliarios), servicios recreativos en línea (p.ej., alquiler de vídeos), marketing y publicidad directas en línea y servicios de acceso a Internet.

La directiva define el lugar de establecimiento del prestatario como el sitio en donde un operador ejerce de manera efectiva una actividad económica, a través de una instalación estable y por un tiempo indeterminado.

Comercio Electrónico

Los Estados miembros deben establecer en su legislación que los prestadores de servicios de la sociedad de la información puedan facilitar a los destinatarios de los servicios y a las autoridades competentes un acceso fácil, directo y permanente a la información relativa a sus actividades: nombre, dirección electrónica, número de inscripción en el registro mercantil, título profesional, afiliación a organizaciones profesionales, número de IVA.

La regulación de los contratos electrónicos se regula en los artículo 9 y siguientes.En resumen el prestador de servicios antes de que el destinatario del servicio efectúe un pedido debe facilitar datos imprescindibles como los pasos técnicos a seguir para formalizar el contrato; si se va registrar el contrato, las lenguas en las que se puede celebrar, códigos de conducta a los que se acoge, facilitar las condiciones generales de contratación y que puedan almacenarlas y reproducirlas.

En la realización de un pedido por internet, el artículo 11 establece que el prestador de servicios debe acusar recibo del pedido del destinatario sin demora indebida y por vía electrónica, y se considerará que se han recibido el pedido y el acuse de recibo cuando las partes a las que se dirigen puedan tener acceso a los mismos.

Esta gran difusión de las compras por internet han creado la necesidad de nuevos especialistas en Derecho  que se dediquen a el asesoramiento jurídico en materia de prestación de “servicios de la sociedad de la información” y comercio electrónico, adaptación a la LSSI-CE de todo tipo de páginas web, implantación de procedimientos legales para la venta a distancia, medios de pago y no repudio, redacción de condiciones generales de contratación y revisión de clausulado web, asistencia jurídica en caso de apertura de expediente por parte de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) y otras administraciones, etc.,

El resultado de la aplicación de las nuevas tecnologías a todo tipo de transacciones entre particulares y empresas, implica la aparición de nuevos problemas de orden legal que el Derecho debe regular y los abogados debemos abordar estudiando nuevas materias y adquiriendo conocimientos cada vez más técnicos para su defensa, ya que dada su evolución constante siempre “nadamos en aguas nuevas”.

Elisabeth Guerrero Moreno
Abogada de Guillén Abogados (@AbogadosGuillen)

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