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La indemnización por daño moral

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Resulta incuestionable que cualquier persona que queda incapacitada de forma permanente para desarrollar su profesión habitual o bien cualquier actividad profesional, sufre un daño moral, basado según definición de nuestro TS, en padecimiento psíquico personal, que debe ser indemnizado de forma independiente  a las secuelas derivadas del accidente.

En nuestro sistema jurídico, para el caso de los comunes accidentes laborales, sirve de referencia para el cálculo  indemnizatorio en virtud de este concepto el Baremo orientativo  del RD Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, utilizado para el cálculo indemnizatorio de los accidentes de tráfico, así como para valorar el importe indemnizatorio de cualquier accidente que se sufra en la vida cotidiana, dentro del cual se contemplan los daños morales en su Tabla IV.

Accidente laboral Guillén Abogados

Hasta la fecha, la doctrina del TS ha establecido que el factor de corrección aplicable para deducir los perjuicios económicos en los accidentes laborales comprende dentro del mismo el daño moral, descontando en su valoración las cantidades percibidas por la pensión de incapacidad laboral, en su caso, cantidades ya compensadas por la Seguridad Social.

La posición que hasta ahora ha mantenido la Sala, es una doble imputación a lucro cesante y a dolor moral de la indemnización con la Tabla IV al referirse a la IP para la «ocupación habitual», valorándolo el Juez de forma discrecional dentro de la horquilla que el baremo establece, lo cual provoca inseguridad jurídica, atribuyéndole como hasta ahora una doble significación [lucro cesante y resarcimiento moral], según se trate de trabajadores o no trabajadores.

la Sala I del TS ha venido contemplando las indemnizaciones por Baremo como algo por completo independiente de la posible existencia de prestaciones por IT e IP [cuando el damnificado sea trabajador en alta en la Seguridad Social], por lo que las mismas nunca se tienen en cuenta ni se deducen a la hora de aplicar el tan referido Baremo, declarando además expresamente la citada Sala que todos los factores de corrección son compatibles, cualesquiera que sean, de forma que ese imputado porcentaje de «lucro cesante» en el factor corrector de IP [Tabla IV] es del todo compatible con una posible prestación de la Seguridad Social por la misma IP.

Sin embargo en la Sala IV del TS, se ha venido aplicando el Baremo de manera orientativa, pero en todo caso teniendo siempre presente, como si se tratase de vasos comunicantes, las prestaciones de Seguridad Social [compatibilidad relativa], de manera que todos los factores del Anexo que hagan referencia al lucro cesante no pueden computarse a efectos de la indemnización adicional a fijar, porque se sobreentiende que ya están satisfechos por las prestaciones [IT; IP], o que lo están por tales prestaciones y por la diferencia que declaremos entre esas prestaciones y lo que se deja de percibir por salario. Y por ello se había venido entendiendo hasta la fecha que el importe porcentual que se atribuyese al lucro cesante -dentro del factor corrector por IP de la Tabla IV-, por fuerza debía deducirse de la cantidad -total- que el Juez hubiese acordado de entre la mínima y máxima previstas en el Baremo por la citada IP; doctrina ésta que es la que precisamente fue rectificada ensentencia de unificación de la doctrina dictada por el Pleno de la Sala de lo Social del TS ha dictado una sentencia, de fecha 23 de junio de 2014 (recurso número 1257/2013, ponente señor de Castro Fernández), por la que modifica su anterior doctrina sobre la aplicación del factor corrector por perjuicios económicos en los accidentes laborales, para establecer que no puede deducirse de la indemnización por daños morales cantidad alguna por imputación a incapacidad laboral ya compensada por las prestaciones de la seguridad social.

La doctrina ha avanzado en favor a los derechos del trabajador a raíz de la referida sentencia, al entender que  en ambos casos la indemnización ha de apuntar a la misma finalidad de compensar el daño moral que comporta el déficit para la actividad habitual y limitaciones en las actividades de la vida cotidiana, que esta indemnización ha de sumarse a la que es propia de las secuelas individualmente consideradas; e incluso también podría añadirse el singular factor de corrección «daños morales complementarios» en el caso en el que la entidad de las secuelas lo consintiese, porque se requiere que una sola de ellas exceda de 75 puntos, o las concurrentes supere los 90 puntos.

Sin embargo, realizando esta distinción cuantitativa en la valoración de los daños por el Tribunal, en la práctica habitual se desencadenan impedimentos y triquiñuelas empleadas por las partes obligadas al pago para aminorar las cuantías indemnizatorias por daños morales, un caso ejemplificativo es el de la sonada sentencia dictada por el TSJPV en el caso de los trabajadores afectados por el amianto, ASVIAMIE, la Asociación vasca de Victimas del Amianto, denunció que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) haber reducido en un 25% la indemnización a una viuda de un trabajador fallecido por amianto, la empresa responsable alegó que se redujese la cuantía indemnizatoria por ser el trabajador consumidor habitual de tabaco en su puesto de trabajo en un 50%, tratando de exculparse de su obligación de vigilancia empresarial por el que debe impedir fumar a los trabajadores expuestos a amianto e imputar su responsabilidad por exposición de los mismos a una sustancia tóxica, al tabaquismo, este tribunal ha acogido esta pretensión manipuladora aminorando la indemnización a favor de la viuda del trabajador fallecido sin haber sido avisado de la sustancia cancerígena a la que estaba expuesto, ni de su prohibición de fumar en el puesto de trabajo como astillero.

Asimismo, la Asociación  ha advertido de que “esta sentencia, aparece como parte de una estrategia unificada, que algunos magistrados, Inspectores de Trabajo, incluso el Instituto de la Seguridad Social vienen desplegando, con todo tipo de resoluciones, orientadas a exculpar la responsabilidad empresarial en el incumplimiento de la legislación proteccionista del amianto, que señala la Doctrina del Tribunal Supremo, frenando la creciente demanda social por la justa compensación por los daños causados”.

Por lo que en la práctica jurídica nos encontramos no solo con el problema de la discrecionalidad del Juez a la hora de determinar el daño moral padecido en el quantum indemnizatorio, aunque ya sea un paso distinguir entra la valoración por secuelas permanentes y el daño moral padecido, sino que existen otros factores en las circunstancias del accidente laboral sufrido que pueden determinar la minoración de la cuantía indemnizatoria muy recurrida por las empresas, como es la pretendida “concurrencia de culpas” o “culpa exclusiva del trabajador” a fin de eximirse completamente de responsabilidad.

Elisabeth Guerrero Moreno
Abogada de Guillén Abogados (@AbogadosGuillen )

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